✨︎ Resumen (TL;DR):
- Meta, TikTok y X impugnaron ante la justicia británica los requerimientos de datos de Ofcom.
- En febrero de 2026, el regulador pidió cifras sobre publicaciones retiradas, visibilidad restringida y exposición a contenido dañino.
- El Online Safety Act limita el poder de Ofcom: la información exigida debe guardar proporción con el uso previsto.
Meta, TikTok y X impugnaron ante la justicia británica los requerimientos de datos que Ofcom exige para supervisar la seguridad en sus plataformas. La disputa gira en torno al límite de proporcionalidad del Online Safety Act, mientras el regulador sostiene que necesita la información para evaluar la ley y que ya redujo el alcance de sus solicitudes.
Según Reuters, Ofcom solicitó en febrero de 2026 cifras sobre publicaciones retiradas, visibilidad restringida y exposición a contenido dañino. El marco legal también permite ordenar que una empresa obtenga o genere información específica para el regulador.
Meta cuestiona que el requerimiento para siete servicios tenga un propósito claro. X considera que el suyo es el más gravoso que ha recibido de un regulador. TikTok sostiene que Ofcom eludió otro régimen con salvaguardas. Ofcom responde que necesita evaluar la ley y que redujo el alcance solicitado.

La ley limita el alcance de los requerimientos
Online Safety Act es una ley británica que permite a Ofcom exigir información para ejercer sus funciones de seguridad en línea o decidir si debe hacerlo.
El artículo 100 también permite que el regulador ordene a una empresa obtener o generar información. Por eso, responder puede exigir preparar datos específicos para Ofcom.
El apartado 4 del mismo artículo obliga a ejercer esa facultad de manera proporcional al uso previsto de los datos. La norma vincula el alcance del requerimiento con la tarea de supervisión que busca atender. La validez de las peticiones está sujeta al examen judicial.
Ofcom también debe considerar costos y privacidad
Ofcom actualizó el 15 de diciembre de 2025 su guía de facultades de información. El documento indica que valorará:
- El propósito regulatorio.
- La viabilidad de reunir los datos.
- El costo para la empresa.
- La existencia de otras fuentes de información.
- Los efectos sobre la privacidad.
Como regla general, el regulador prevé enviar un borrador del requerimiento para que la empresa comente si el texto es claro y si el plazo resulta viable. Ofcom puede confirmarlo o modificarlo, aunque la guía contempla excepciones.
La carga de responder forma parte de los criterios reconocidos por el propio marco de Ofcom. La empresa no necesariamente debe limitarse a entregar registros que ya tenga, porque la ley permite pedirle que reúna o genere información.
Las métricas ponen a prueba las medidas de seguridad
En una comparecencia ante una comisión de la Cámara de los Lores el 15 de septiembre de 2026, Mark Bunting, de Ofcom, explicó que algunas empresas afirmaban usar herramientas automáticas contra contenido de suicidio y autolesiones. Ofcom todavía no había visto datos para evaluar su eficacia.
Esas métricas permiten contrastar las medidas que una plataforma declara con su funcionamiento. Bunting también describió las restricciones que la ley impone al uso obligatorio de esas herramientas por sus efectos sobre la privacidad y la libertad de expresión.
En la misma sesión, Oliver Griffiths señaló que distintos servicios estaban llevando a revisión judicial los requerimientos de datos para monitorear y evaluar el régimen. También identificó litigios sobre tarifas y sobre la clasificación de plataformas.
El incumplimiento puede costar hasta 10% de ingresos
El incumplimiento puede desencadenar sanciones. Para los proveedores de servicios regulados, el anexo 13 fija un máximo de 18 millones de libras o 10% de los ingresos mundiales computables del último ejercicio contable completo, el monto que resulte mayor.
La disputa se suma a la apelación de Meta contra la designación de WhatsApp e Instagram como servicios de Categoría 1, relacionada con obligaciones adicionales de transparencia y protección frente a publicidad fraudulenta.
Según Reuters, la audiencia concluirá el 7 de octubre. La cuestión pendiente es concreta: determinar si los datos solicitados, incluidos los que las plataformas deben obtener o generar, guardan proporción con la función de supervisión que Ofcom intenta ejercer.
